Documento enviado por FAX en el que el Tribunal Constitucional envía al Presidente Rodríguez Ibarra la sentencia judicial referente al recurso de inconstitucionalidad presentado contra diversos artículos de la Ley 1/1986, de 2 de mayo, de regulación de las dehesas de Extremadura; presentado por parte de 50 senadores que alegaban que la Comunidad Autónoma de Extremadura no tiene competencia para legislar sobre expropiación forzosa, defendiendo que dicha materia es competencia exclusiva del Estado según la Constitución Española.
La sentencia del Tribunal determina que si bien la reserva constitucional a favor del Estado determina la capacidad de éste para realizar las expropiaciones, ésta no limita a las Comunidades Autónomas; desestimando la inconstitucionalidad de la actuación y afirmando que las Comunidades tienen competencias para regular dichos aspectos, siempre dentro de sus competencias propias.