Sentencia del Tribunal Supremo de España que resuelve varios recursos de casación interpuestos por el Ex-Director de Seguridad del Estado y otros en relación con una condena por malversación de caudales públicos. El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condena al principal acusado a siete años de prisión por el uso indebido de fondos reservados del Ministerio del Interior.
Los recursos propuestos alegan vulneraciones de Derechos Constitucionales, incluyendo la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad, entre otros. La sentencia incluye el fallo del tribunal, que confirma las condenas y el comiso de bienes, declarando a los recurrentes testaferros y no propietarios reales de los bienes adquiridos con los fondos sustraídos. También se ordena a los recurrentes pagar las costas del recurso.