Conjunto de documentación judicial y administrativa, referente al procedimiento dimanado de las Diligencias Previas N.º 1339/91, de falsedad de documentos oficiales e irregularidades en transacciones financieras, ya que los acusados manipularon registros de mediciones de obras públicas; y otros referentes al IVA de medicinas vendidas al Ejército de Tierra de las Islas Canarias, denunciado por INSALUD.
Los acusados resultan finalmente declarados culpables del delito de falsedad de documentos públicos, imponiéndose una pena de siete (7) años de prisión para cada uno.
Se adjuntan diversos informes, así como correspondencia relativa al caso.

Conjunto de documentos relativos a las imputaciones realizadas por miembros del Partido Popular (PP) de Extremadura respecto al Presidente Rodríguez Ibarra, en relación a la adjudicación y emisión del Canal Sur Extremadura, primera televisión regional de Extremadura, en la que se emitían contenidos específicos para la Comunidad basados en el Canal Sur de Andalucía, gracias a la Ley del Tercer canal, que permitía emisiones entre Comunidades Autónomas limítrofes.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) suspendió provisionalmente los contratos que permitían la emisión del canal, tras un recurso del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comienza con una nota dirigida al Presidente.

Se adjuntan en el documento los siguientes mensajes y recortes de prensa, por orden:
-Agencia EFE (16-03-2002).
-Email del Jefe de Secretaría de la Secretaría de la Junta de Extremadura.
-Hoy (17-03-2002).
-El Periódico Extremadura (17-03-2002).
-Comunicado de prensa del Presidente Rodríguez Ibarra.
-Agencia EFE (17-03-2002).
-Europa Press (17-03-2002), 2 noticias con la misma fecha.
-HOY (18-03-2002) portada y noticia.
-El Periódico Extremadura (18-03-2002) portada y noticia.
-ABC (18-03-2002), comunicado de Europa Press (17-03-2002).
-Agencia EFE (17-03-2002).
-Comunicado en Europa Press (16-03-2002).
-Declaraciones del demandante en el informativo de RNE.
-Petición del demandante a la Asamblea de Extremadura para llevar a cabo una comisión de investigación sobre el asunto en cuestión.

Escrito en el que la directiva de "GrupoCinco Saneamiento Extremadura, S.A.L." expone su descontento con las actuaciones de la Junta de Extremadura con motivo de la concesión de subvención para puestos de trabajo pedida por la empresa en el año 2000, bajo el Programa de Subvenciones para Sociedades Cooperativas y Anónimas Laborales.
Adjunta se encuentra la resolución del recurso interpuesto, a fechad e 7/7/2003, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dicta sentencia a favor de "GrupoCinco", ordenando la concesión de las ayudas solicitadas; aunque dicha concesión se realizó con retrasos administrativos, generando problemas de liquidez económica a la empresa.

Notas sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre la demanda de RENFE presentada contra la Junta de Extremadura referente al cumplimiento de los pagos realizados por los servicios ferroviarios regionales. Acompaña la resolución de la sentencia, en la cual la empresa se basa en el acuerdo del 30 de marzo de 1995; mientras la Junta alega el no recibimiento de los proyectos necesarios a la vez que denuncia los capítulos del acuerdo de 1996, debido a incumplimientos por parte de RENFE.
El fallo considera que aunque la Junta no elaboró el "Plan de actuación ferroviaria en Extremadura", RENFE continuó prestando servicios deficitarios, abordando la cuestión de la responsabilidad de la Junta al consentir la prestación del servicio, lo que implica la aceptación de la contraprestación por parte de la Administración.

Comunicación en la que Casilda Gutiérrez Pérez, Consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura, informa al Presidente Rodríguez Ibarra de la resolución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, referente a la reversión de los terrenos expropiados a A.G. Siderúrgica Balboa S.A., implicando también a la Junta de Extremadura.
La Junta se opone a la compensación económica pedida, debido a que el terreno ha sido ya edificado. El fallo del jurado implica la reversión de los terrenos expropiados por parte de la administración, ajustando ésta a lo establecido en ley y sentencia, además de cualquier otro costo asociado.